Los ingresos previstos originalmente no serían los previsto porque varios buques decidieron utilizar otras opciones. Canales a Martín García y el puerto brasileño de Paranaguá entre los beneficiados. El enojo de Donald Trump ante este tarifazo. 

En septiembre, el gobierno nacional dispuso un aumento de la tarifa del peaje en la hidrovía que pasó de USD 3,06 a USD 4,30 por tonelada TRN (Toneladas de Registro Neto) a USD 4,30 para el transporte internacional, lo que representó un fuerte incremento de 40,49%.

Asimismo, se estableció un ajuste en pesos para los peajes de cabotaje, de $3,06 por TRN, a 824,80 con revisión trimestral automática según el Índice de Precios al Consumidor.

En el fondo, lo que se buscó fue generar los fondos para que la Administración General de Puertos (AGP) pudiese pagar la deuda de casi USD 90 millones que posee con

la prestataria Jan De Nul, quien por una contratación directa y sin licitación está dragando la hidrovía desde 2021.

Todo muy extraño porque al cobrar AGP los peajes debiera tener lo fondos para abonarle a Jan De Nul sin tener que recurrir a los bolsillos de los exportadores e importadores. Y más extraño aún cuando el pliego de licitación de la hidrovía recientemente publicado señala que quien obtenga la concesión deberá hacer un pago inicial de USD 90 millones para saldar esa deuda.

Mientras tanto, y como suele suceder, quien pagará esta irregularidad será el comercio exterior argentino y el propio país por la pérdida de competitividad.

No salió como se pensaba

A poco de andar, dos situaciones mostraron una vez más que no siempre uno más uno es dos. El aumento de recaudación que originariamente se preveía con el nuevo peaje no es ni por casualidad el que se estaría dando y esto se debe a que los buques encontraron otras vías de circulación.

En primer lugar, las naves que subían en lastre por el Paraná ya no lo están haciendo porque en su lugar utilizan los canales a Martín García donde no se produjo ningún aumento.

Otro gran beneficiado del tarifazo hidroviario es la Terminal de Contenedores de Paranaguá (TCP), en Brasil, que tuvo un notable crecimiento del 129% en el volumen de carga manipulada hacia o desde Paraguay.

Este crecimiento resalta el papel estratégico de Paraguay en el comercio internacional, según un informe emitido por la administración de la terminal.

Paraguay exporta productos claves como carne bovina, madera y cacahuetes, mientras importa maquinaria, fertilizantes, pesticidas, piezas de automóviles, neumáticos, bienes de consumo y textiles, destacándose como un actor vital en la región.

Si bien el 80% del comercio exterior paraguayo sigue dependiendo de la hidrovía Paraguay-Paraná, consultados varios operadores, todos coincidieron en que el cambio de ruta se produjo por el gran aumento producido en el peaje y además por el mal dragado llevado a cabo por Jan De Nul que generó más de una varadura de los buques en donde ellos transbordan carga para salir al océano.

Malestar norteamericano

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con recuperar el canal de Panamá si no reduce el precio de los peajes a los buques estadounidenses.

El 74% de la carga que circula por el canal es norteamericana y si bien los acuerdo celebrados en 1977 entre Omar Torrijos y Jimmy Carter permitieron traspasar el canal a Panamá, el 31 de diciembre de 1999, lo cierto es que Estados Unidos tiene varios mecanismos para complicarle la vida a los panameños.

En el mismo sentido, empresas como ADM, Bunge, o Cargill, que son de capitales norteamericanos, ya elevaron sus quejas por el tarifazo en la hidrovía a la nueva administración de Trump que tomará las riendas del país el próximo 20 de enero.

A esto se suma el mensaje contradictorio que surge del pliego de licitación de la hidrovía.

En marzo de 2024, la Administración General de Puertos inició el proceso de colaboración conjunta e intercambio de información y gestión con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en el marco del Memorándum de Entendimiento conjunto. Unos meses después, sin embargo, el pliego de licitación le prohíbe presentar ofertas a “personas jurídicas que sean controladas directa o indirectamente por estados soberanos o agencias estatales en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”.