El prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Ferroportuaria de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos criticó duramente la intervención realizada por la ANPyN a la estación marítima fueguina

“No se explica cómo en octubre de 2025 el gobierno nacional realizó una inspección y tres meses después inhabilitan el puerto y lo intervinieron sin agotar las instancias previas. Todo en tiempo récord y en plena temporada de cruceros”. Por este interrogante de imposible explicación es que Ricardo Alonso, prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Ferroportuaria de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) calificó al hecho como “un mamarracho difícil de justificar”.

Azorado por lo acontecido, adelantó al medio Informe Marítimo que como organización van trabajar en conjunto con el gobierno Provincial y convocarán a todos los actores portuarios para que se revea la situación “por el camino del diálogo, por el aspecto jurídico y si no se retoma la normalidad apelando a cualquier actitud que la constitución nacional permita”.

Ricardo Alonso

Alonso consideró que, de cualquier manera, el daño ya fue hecho y es difícil de revertir.

“El mundo ya se enteró que el puerto que recibe más de 500 cruceros por temporada está inhabilitado para operar por la Nación Argentina y supuestamente no cumple con los estándares internacionales de seguridad y operatividad exigibles. Ya está cumplieron el objetivo”, aseveró el dirigente.

Al mismo tiempo explicó que la resolución que estableció la medida se refiere a una intervención administrativa y de infraestructura.

“¿Alguien puede explicar quién se hará cargo de la operativa portuaria, del control de la seguridad? Desplazaron a todos los integrantes de seguridad y pusieron seguridad privada en los accesos. ¿Cómo explican quien dará giro a los buques, les prestará los servicios propios del puerto? Es toda una improvisación absurda”, aseveró Alonso.

Sospechas

El dirigente se permitió sospechar que “hay otra cosa detrás de esto. Me cuesta creer que la denuncia de una persona, vinculada a una supuesta transferencia de fondos del puerto a la obra social de Estado fueguino, que en definitiva nunca se concretó, generara la movilización de un grupo de más de cinco gerentes y asesores de la ANPyN para hacer una inspección. No existe antecedentes de este tipo en la historia portuaria argentina”.

Asimismo, aseguró que también le cuesta creer que “hechos que solo ellos encontraron hayan alcanzado el estado de urgencia para que en menos de tres meses se inhabilite un puerto de estas características”.

Tampoco Alonso encontró algún motivo de orden público para que una veintena de funcionarios nacionales procediera a desplazar a la provincia sin siquiera tener una resolución en vigencia. “Tiene que haber una segunda intención, quizás vinculadas a intereses económicos, empresariales y/o políticos. Tengo el derecho a pensar que este despreciable acontecimiento pueda estar vinculado a intereses de EE. UU, sobre la Antártida. Tengo el derecho a pensar que esta situación también puede servir para condicionar al gobierno provincial y sus legisladores con el tratamiento de leyes en el congreso como la Reforma Laboral. Tengo el derecho a pensar que es una prueba piloto, que si sale bien, les permita avanzar sobre otros puertos”, manifestó el prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Ferroportuaria de APDFA.

Alonso también se refirió a la situación de los trabajadores fueguinos.

“Desde nuestra organización, y otras con las que hemos hablado tenemos claro que debemos defender la autonomía provincial, los intereses del sistema portuario argentino, y la soberanía política. Pero sobre todo nos cabe la obligación de defender las fuentes de trabajo, el salario y los derechos adquiridos de los, casi 140 trabajadores que fueron impedidos de acceder a su puesto de trabajo, como parte de un colectivo integrado a una comunidad que tiene a la actividad portuaria como una de sus principales sostenes económicos”.

Para finalizar, Alonso hizo una convocatoria amplia a los actores portuarios para defender la actividad y estar alertas con las “pretensiones libertarias de apropiarse de lo que costó más de 30 años construir. Los puertos y los gobiernos provinciales -especialmente públicos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe- no pueden ubicarse como simples espectadores de lo que ocurre en Tierra del Fuego, y los trabajadores no podemos ser actores de reparto por que vienen por nuestro trabajo y nuestras familias”.